La primera asociación andaluza del regadío entiende que, si el ahorro es el argumento principal para fulminar el organismo que creó sólo hace cinco años, el Gobierno debe dar más detalles sobre los costes que van a eliminarse y de qué modo van a emplearse esos recursos sobrantes. Asimismo, le ha demandado que concrete de manera exacta la nueva estructura administrativa del agua, que tanta inquietud ha levantado no sólo entre usuarios sino entre los propios funcionarios y empleados laborales tanto de la Agencia Andaluza del Agua como de Egmasa.

Feragua estima que el mencionado ahorro es una mera excusa, y un argumento muy poco creíble cuando la Ley de Aguas que acaba de aprobarse contempla por ejemplo la creación de un Observatorio Andaluz por el Agua que no servirá para otra cosa que para aumentar el gasto público en un contexto de crisis. Más que ahorrar, lo que Feragua se teme es que con esta operación el Gobierno pretenda aumentar su capacidad recaudatoria (amén de su capacidad de intervención política), pues al quedar diluidas las competencias sobre el agua dentro de las más genéricas de medio ambiente, los nuevos gestores pueden tratar de imputar a los usuarios algo más que los de costes de las obras hidráulicas de las que se benefician.